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31
Mar

La participación social en la construcción de la Sanidad

0096wSoy de los que creen, que solo se puede hablar de una sociedad como verdaderamente democrática, en la medida en que cuente con una “sociedad civil” vertebrada. Tanto es así, que resulta imposible explicar la democracia española, sin entender el papel que la sociedad civil tuvo en ello. Del mismo modo, en estos momentos, resulta imposible pensar en la  recuperación de la confianza de la sociedad en la los poderes públicos, sin que se encuentren nuevas vías para que la sociedad civil, pueda controlar la actuación de los diferentes poderes del Estado: el central y el autonómico, evitando las desviaciones, la corrupción y la apropiación ilegal del poder político. En cualquier democracia real, la representación y participación cívica, son dos pilares tan complementarios como imprescindibles. Aunque muchos lo hayan olvidado, el primero que distinguió entre el Estado y la sociedad civil fue Hegel, a través de su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y sus Principios de Filosofía del Derecho, en las que reconoce a la sociedad civil, como una de las tres instancias éticas de interacción humana, en las que se conforma el necesario espacio para que se plantee una gran parte de los conflictos de interés y necesidades propios de la sociedad democrática, y se configuran los necesarios vínculos prepolíticos de solidaridad particular y pública.

Ciertamente, este concepto ha evolucionado en el interior de la teoría y de la práctica democrática, haciendo que la sociedad civil se aprecie como un conjunto de organizaciones que median entre los individuos concretos y el Estado, como cauces que canalizan y articulan la participación política, social, productiva, laboral y cultural y como espacio público de actuación, completaamente diferenciado del aparato estatal, que posibilita la vigilancia contra la concentración y el uso ilegítimo del poder político.

Si al Estado le compete la administración del poder, a la sociedad civil le corresponde velar porque el Estado no desarrolle políticas autoritarias, respete la legalidad, facilite la participación de los ciudadanos en la construcción de sus aspiraciones individuales y de su proyecto colectivo y atienda las demandas de los ciudadanos, ya que la sociedad civil constituye el lugar natural de la política activa y el espacio original donde los ciudadanos participan en la construcción de un destino propio y de un horizonte común, encomendando al Estado las funciones que le son propias, las que tengan un valor estratégico y aquellas otras que la sociedad civil no atienda pese a serle propias.

Siendo esto así, en España, desde hace años, diferentes sectores de todo el arco político han combatido el rol de la sociedad civil en la política, intentado minimizar su relevancia en la reconstrucción de la democracia, simplificar el carácter y alcance de su función e, incluso, minando su legitimidad, tratando de contraponer la representación política como fundamento único y exclusivo de las instituciones democráticas, sin apreciar que nada impide que los ciudadanos -además de elegir a sus representantes-, puedan y deban intervenir directamente en la configuración de la cosa pública, sin sometimiento al principio de “vota y calla”. Es verdad que cuando el ciudadano –individualmente o a través de sus organizaciones-, interviene políticamente desde la sociedad civil, no representa a nadie, pues se representa a sí mismo como agente político, ya que no necesita ser elegido para actuar como lo que es: ciudadano. Precisamente por ello, no debería resultar difícil apreciar lo importante y decisivo que resulta para el desarrollo de las libertades políticas la existencia de una sociedad civil madura, capaz de  criticar, comprometerse y enfrentarse a las tentaciones administrativistas del Estado y a los peligros que esto conlleva. Como siempre a lo largo de la historia, el futuro de la de la sociedad y de la forma democrática de convivencia, está fundamentalmente en las manos de sus ciudadanos y de las organizaciones de su sociedad civil: sus empresas, sus cooperativas, sus corporaciones, sus medios de comunicación, sus sindicatos y sus partidos políticos, así como de otras muchas formas legítimas de organizarse civilmente. Teniendo eso, solo le falta marcar un horizonte acertado, contar con los líderes de su sociedad civil y remangarse para avanzar cada día.

En la sanidad, las cosas no son distintas, ni pueden serlo. En la sanidad, los ciudadanos y la sociedad civil han de poder participar de igual modo que lo hacen en el resto de las actividades de la vida. No cabe por tanto mantener esa vieja diferenciación que existe en la sanidad entre “lo público” y “lo privado”, sin poner en evidencia que lo que se quiere diferenciar es entre “estatalismo” y “sociedad civil”, y que lo que se pretende conseguir es una especie de concentración ilimitada de poder político, social y económico, disfrazado de administrativismo desaforado, que secuestra la iniciativa de los ciudadanos, usurpa el poder de la sociedad y se apropia unilateralmente de los bienes y los derechos de ella. No cabe, por tanto, continuar por este sendero que desde hace tiempo se nos marca, sino de reconducir nuestros pasos hacia el camino del compromiso, la generosidad, el consenso y el diálogo que nos permita a todos participar y que desde hace ya algunas décadas abandonamos siguiendo cantos de sirena que nos han llevado a donde ahora estamos.

José M. Pascual Sánchez-Gijón
Gestor Sanitario

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