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31
Mar

La sanidad pública: una propuesta de futuro


Con esta y algunas otras reflexiones personales, que deseo hacer llegar a la opinión pública, pretendo plantear algunas consideraciones sobre la Sanidad Andaluza que, desde mi humilde entender, pueden contribuir para alcanzar el nuevo pacto de entendimiento y convivencia al que todos aspiramos para superar la actual crisis económica, social y moral que padecemos. Cinco cuestiones centran estas reflexiones que serán objeto de otras tantas entregas. La primera de carácter general sobre la transición política y la sanidad. Otra relativa al alcance de la universalización de la cobertura, Una tercera que versará sobre la calidad y la eficiencia sanitaria, y dos más, una en relación con la participación ciudadana y social en la construcción de la sanidad y otra sobre la riqueza y los fines de los beneficios generados en el Sistema Sanitario. Con estas reflexiones, que presentaré abiertamente conformando un conjunto coherente, trataré de fomentar ese debate que siempre ha quedado sin resolver, pese a la importancia y trascendencia que tiene para Andalucía.

Sin duda, la transición política española, constituye uno de esos acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos todos los españoles. Hay razones –y muchas- para que así sea. Fueron muchos los aciertos y muchos los cambios de la transición que transformaron la sociedad española, tiñendo de color y profundidad las cosas que antes eran planas, rígidas y grisáceas. Nada se le puede quitar al éxito de aquellos momentos, ni a la valentía de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a propiciarla –unos- a diseñarla –otros- y a construirla –todos-.

Sin embargo, esto no debe ser óbice para dejar de descubrir algunos errores cometidos y determinadas tareas no atendidas por razones que ahora no pretendo considerar. Pues bien, una de esas parcelas en las que resulta sencillo descubrir tales fallos y dejaciones, es la parcela de la Sanidad; una parcela en la que por esa razón las cosas siguen siendo bastantes parecidas a las que ocurrían a mediados de los setenta. Me explico.

00005Una simple mirada al pasado permite descubrir dos acontecimientos de extraordinaria relevancia sanitaria que ocurrieron durante el pasado siglo. La primera –causante de gran parte de las altas tasas de salud de los ciudadanos españoles- fue la puesta en funcionamiento de un plan de sanidad nacional que, desde principios del siglo pasado, permitió -entre otras cosas- disponer de un equipo profesional sanitario -compuesto por médico, practicante y matrona- en cualquier población española por muy pequeña que esta fuese. Las consecuencias fueron extraordinarias, consiguiéndose tasas de salud pública que ningún país europeo alcanzó hasta mediados de siglo. Precisamente por ello, negar que la atención primaria de la salud en España ha cumplido los cien años, es tanto como negar que la tierra gira alrededor de su eje. El otro importante acontecimiento para la sanidad española, ocurrió a mediados de los años sesenta, con la reforma organizativa del Sistema de Seguridad Social, que supuso la puesta en práctica del incipiente Seguro Obligatorio de Enfermedad, creado a finales de los cuarenta, permitiendo la creación del amplio dispositivo asistencial, tanto ambulatorio como residencial y hospitalario, que en la actualidad disfrutamos y que ha permitido alcanzar los importantes niveles de desarrollo y avance sanitario de los que venimos presumiendo desde hace mucho tiempo.

Con todo ello, la sociedad española se plantó en las puertas de la transición política, sabiendo que sus hijos nacían con más certeza, que supervivían fácilmente a su infancia y que tenían a su alcance medios asistenciales para atenderlos cuando enfermasen mientras se hacían mayores. Sin rubor de ningún tipo se puede decir que la España de los años setenta, cuidaba a sus ciudadanos de la enfermedad y a la sociedad del miedo a padecerla y que además podría seguir haciéndolo, hasta el punto de que después sería proclamado como un principio rector de su política social y económica, en el artículo 43 de la Constitución. Un artículo, en el que por cierto son muchos los que tratan de encontrar un falso “derecho a la salud”. Tan falso como lo sería un supuesto “derecho a la sabiduría” en vez de un derecho a la educación, pues no cabe pensar en este tipo de falacias totalitarias y demagógicas cuando se vive en una sociedad civilizada, en la que el rige el principio de libertad individual y colectiva de las personas, en la que cada persona puede diseñar y dirigir su propio proyecto personal de salud y participar democráticamente en la consecución del proyecto común y colectivo de bienestar.

Así estaban las cosas en esos años previos a la transición y así estaba la sanidad española. Una sanidad en la que el ochenta y dos por ciento de la población española (treinta millones de personas) tenían cubiertas la asistencia sanitaria y la atención farmacéutica por la Seguridad Social (INP e INSALUD) y una sanidad en la que el cien por cien de la población estaba sujeta a planes y programas nacionales y locales de salud pública. Con gran probabilidad, esta buena situación sanitaria previa fue la causante de la despreocupación de la transición política respecto a la sanidad española. Una despreocupación que hizo que solo se prestase atención a combatir la desfragmentación de los muchos organismos públicos sanitarios que preexistían y a cambiar de nombre a las cosas mientras que se permitía que en la nueva sociedad democrática se colasen -de hurtadillas- gran parte de los principios ideológicos y culturales que habían creado aquellos sistemas, es decir, los principios del viejo régimen. Por eso, el único eco que nos queda de aquella transición en la sanidad es el eco de las alabanzas extremas a términos y expresiones como la de “Sistema Nacional de Salud” (traída por el PSOE de la doctrina eclesiástica anglosajona) y el de “Derecho a la Salud” (traído de la ignorancia y el populismo más cutre y demagógico), el de “la Atención Primaria de la Salud” (traído por la izquierda de las escuelas salubristas de los países emergentes). Si señor, así ocurrieron las cosas en esos tiempos de descuido político, que facilitaron la pervivencia de gran parte de las ideas y fundamentos del anterior régimen y de su aliado falangista, permitiendo su legitimación en la nueva sociedad democrática, en la que nutre gran parte de los discursos sanitarios que se escuchan. Ahí están los hechos que lo demuestran.

Así, cuando ahora se habla de que en la democracia se ha llevado a cabo la universalización del Sistema Sanitario Público, se miente, pues lo cierto y verdad es que poco se ha avanzado en esta materia durante los últimos treinta años, en los que lo más que se ha hecho es permitir el acceso “de facto” de gran parte de los “sin techo sanitario” a los servicios de salud, a través de una especie de nueva beneficencia o caridad política, sin actuar en el campo del reconocimiento de los derechos objetivos y subjetivos para ello. Igualmente, cuando se habla de integración del sistema sanitario, se miente otra vez, pues aún hoy subsisten gran parte de los organismos y administraciones que existían además de haberse creado un sinfín de nuevas fundaciones, entes y empresas públicas sanitarias claramente disgregadoras. Y, del mismo modo, cuando se habla de la mejora de la prevención se la salud, se miente aún más, ya que para cubrir las ganas de autogobierno de las Comunidades Autónomas, lo primero que se hizo fue desmontar el Sistema General de Salud Pública, transfiriendo a las administraciones periféricas una de las materias más sustantivas de la Sanidad: la Salud pública. Yo no dudaría en calificar de escandaloso este asunto, cuando veo que las transferencias realizadas en esta materia –que nunca se debieron hacer- se llevaron a cabo, incluso antes de la redacción de los estatutos de autonomía. Ahí están las graves consecuencias que este hecho ha tenido, cuando se habla de las vacas locas, la gripe A, el despilfarro y la falta de vacunas, etc., etc. Ahí está todo eso y otro sinfín de hechos, que ponen en evidencia los errores y los graves descuidos cometidos durante la transición política y en los muchos años que han transcurrido desde entonces.

Y siendo grave todo esto, que lo es, ahí están los que se empeñan en negar que lo verdaderamente importante del Sistema Sanitario Público es la capacidad de cobertura de los ciudadanos, discutiendo y peleando sobre la titularidad de las paredes de los centros sanitarios, la forma en la que se designan a sus gestores, las personas que hacen o no hacen las contrataciones y compras de bienes y servicios de tales centros y el carácter laboral o funcionarial que deben tener los profesionales y los trabajadores sanitarios. Si, ahí están los que con tanta fuerza defienden todo eso, como si la sanidad fuese un juego de monopoly, mientras que combaten el principio democrático de libertad de empresa, con igual ahínco que lo combatían aquellos falangistas gironianos que crearon el Sistema. En resumen, ahí está ese debate, en el que lo importante no parecen ser la garantías de los ciudadanos a tener un Sistema universal de calidad y que éste sea sostenible, sino a ver como mantienen sus privilegios de puesto bien remunerado por el estado y para toda la vida determinados grupos de la sociedad que creen que la sanidad pública son ellos y les pertenece.

Siendo malo todo este secuestro de legitimidades, lo peor es que -hables con quien hables del mundo de la política y mires la opción que mires- solo ves una especie de miedo a los votos y a la influencia de esos “propietarios” del sistema sanitario, sin que nadie esté dispuesto a superarlo y repudiar el viejo abrazo dado a las rancias ideas de aquellos tiempos, cambiando su discurso para que la sanidad pública deje de ser una coartada de aquellos grupos que proclaman una sanidad para el paciente pero sin el paciente y una sanidad construida sobre la sociedad pero sin la sociedad.

Se hace necesario un cambio profundo de todo esto, para que lo fundamental sea que todas las personas tengan garantizado por derecho la cobertura sanitaria, puedan acceder responsable y libremente a los servicios que la presten con calidad y eficiencia y puedan participar en su construcción y en su desarrollo, como en cualquier ámbito de la vida, dejando de permitir que una parte de la sociedad continúe impidiéndolo, cuando lo que debería de hacer es facilitarlo, obteniendo a cambio el respeto y la consideración que les correspondería como servidores públicos.

Creo que si así se hace podremos progresar y avanzar social y sanitariamente y que, por el contrario, si no se hace, seguiremos teniendo por horizonte el viejo pasado.

 

José M. Pascual Sánchez-Gijón
Gestor Sanitario

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